Sobre la irracionalidad de algunos “expertos” (Parte 5: los culpables)
Anatomía de un Bloqueo Institucional: El "Manual" para Detener una Tesis Doctoral
El camino hacia un doctorado suele ser una
carrera de fondo intelectual. Sin embargo, en la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), el obstáculo no ha sido la complejidad de la aerodinámica,
sino una red de arbitrariedades administrativas y una preocupante falta de
ética docente y administrativa.
A continuación, disecciono los actores y las
acciones que han transformado un proyecto de investigación en una causa penal
que hoy supervisa la segunda instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona la cual ha ordenado el inicio de la investigación judicial al interior de la universidad.
I. La Dirección de Tesis: El Abandono Técnico
El conflicto germina en el núcleo de la
investigación, donde la instrucción técnica se convirtió en desautorización sin
base científica.
- Enrique Ortega Agodino (Exdirector): Instruyó al doctorando a explorar un método tridimensional de "múltiples estelas", aportando incluso un código computacional para su análisis (ver. Fig. 1), como base para un modelo más elaborado. Sin embargo, al llegar la fase final, cambió de postura: calificó el modelo como "teóricamente injustificable" y se negó a revisar y firmar el primer artículo destinado a una revista internacional para su revisión por pares. Dicho artículo fue publicado posteriormente en una revista del primer cuartil, es decir, con la más alta credibilidad y rigurosidad científica en su área. Posteriormente, se han publicado 3 artículos más, como consecuencia del primero.
- Roberto M. Flores LeRoux (Excodirector): Tras ocho meses de desarrollo del método de múltiples estelas, en el cual prácticamente permaneció ausente, lo criticó alegando que "él no conocía algo parecido" y sugirió "dejar de perder el tiempo con eso". Cabe destacar que su especialidad es el área de estructuras, no de aerodinámica.
Lejos de actuar como un tribunal imparcial, los
responsables cerraron filas en torno a la jerarquía.
- Juan
C. Cante Terán (Exjefe de la sección de Ing. Aeroespacial): Por su cercanía con el
director, mantuvo una posición parcial. Para él, el director siempre tiene
la razón por el simple hecho de serlo, intentando marcar una distancia
jerárquica insalvable con el doctorando.
- Robert
Castilla López y Pedro Gámez Montero: Optaron por el silencio absoluto, dejando sin respuesta las
solicitudes del doctorando para resolver el conflicto con la dirección.
- Jasmina
Casals Terré (Coordinadora del programa MFA): Ante la solicitud de presentar la tesis
por compendio de publicaciones (dos publicadas y una aceptada para
publicación), afirmó que el caso había sido "elevado" a la
Escuela de Doctorado (ED). Tras cinco meses de silencio y justo dos días antes
de las vacaciones de verano, envió un archivo de Word sin firma notificando
la baja del doctorando ¡por impago de matrícula!, sin previo aviso, contraviniendo una normativa, e incluso un Real Decreto. Al
momento, este documento ha sido calificado por el Ministerio Fiscal
como "efectivamente apócrifo".
III. La Escuela de Doctorado (ED): Omisión de
Funciones
- Josep
M. Font Llagunes (Exdirector de la ED): Aunque no fue denunciado inicialmente, su
papel es clave. Bajo su dirección, la ED se negó a realizar un informe
técnico-científico contemplado en su propia normativa. En su lugar, se
emitió un "informe" administrativo que evitó entrar al fondo del
asunto, eludiendo la responsabilidad de evaluar la investigación doctoral.
Durante la instrucción judicial, ordenada por la Audiencia Provincial, se
debería profundizar sobre su nivel de responsabilidad en el presente asunto.
IV. La Rectoría: El Blindaje y la Continuidad
El conflicto escaló a las máximas autoridades
de la UPC, donde la política pareció primar sobre la justicia académica.
- Daniel
Crespo Artiaga (Rector 2021-2025): Emitió una resolución administrativa para intentar cerrar la denuncia interpuesta ante el Consejo de Investigación y Universidades autonómico,
ignorando las arbitrariedades señaladas en esa oportunidad. Su resolución
se basó en el informe apócrifo de la ED, lo que apunta a un presunto
encubrimiento y prevaricación, dado que tanto la coordinadora como el
director de la ED formarían parte de su equipo de campaña para buscar la
reelección.
- Francesc
Torres Torres (Rector actual): Ordenó retirar una denuncia penal contra el doctorando, interpuesta
por su predecesor por "daños al honor" después de se hiciera pública
la situación durante la campaña electoral. Sin embargo, su administración
ha mantenido el bloqueo. A pesar de delegar el caso en los vicerrectores Pedro
Díez Mejía (investigación) y Jordi Romeu Garbí (personal), la posición oficial sigue basándose en el
mismo informe ya calificado como apócrifo, ignorando las violaciones a las
normativas y a un Real Decreto, denunciadas en su momento ante el Consejo autonómico.
V. Otras arbitrariedades: La arquitectura de la
obstrucción
Más allá del bloqueo directo de la tesis, la UPC
ha incurrido en una serie de anomalías que evidencian una voluntad deliberada
de perjudicar al doctorando y proteger intereses particulares:
Manipulación "ad hoc" de la normativa: De manera flagrante, la
coordinación del programa modificó los requisitos para la presentación de tesis
por compendio de publicaciones. Mientras que la normativa vigente al momento de
la solicitud exigía dos publicaciones, el informe utilizado para denegar el
derecho al doctorando exige actualmente tres (ver fig. 2).
- La evidencia: El documento en línea presenta un cambio de tono cromático (letras grises) en el inciso modificado (a.), sugiriendo una edición posterior sobre un texto supuestamente aprobado en 2017. El registro histórico del programa, posterior a ese año, confirma la existencia de tesis aprobadas con solo dos publicaciones. Este requerimiento manipulado pretende ser uno de los fundamentos del informe apócrifo y de la resolución falsaria emitidas por la anterior administración, y aceptadas por la actual.
Bloqueo de propiedad industrial: La Oficina de Patentes de la UPC se
negó a iniciar el proceso de protección del método computacional desarrollado,
debido a la negativa tácita del exdirector de tesis (quien simplemente ignoró
la solicitud). Ante esta parálisis, el método fue registrado a título personal
mediante una solicitud internacional. Actualmente, la invención se encuentra en
fase nacional ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO),
tras haber superado con éxito los tres criterios de patentabilidad.
Opacidad y silencio administrativo: El servicio de tickets de la ED mantuvo una solicitud de información crítica abierta
durante cinco (5) meses sin respuesta. La ED solo reaccionó tras ser requerida
por el Consejo de Investigación y Universidades autonómico. Por su parte, la Defensora
Universitaria, Anna Serra Tort, tampoco ofreció respuesta en un tiempo razonable,
evidenciando un quiebre en los mecanismos internos de control y una flagrante opacidad institucional, la cual se hereda y se mantiene en la presente administración.
Uso indebido de identidad en proyectos europeos
(Horizon Europe): Se ha detectado que el nombre completo del doctorando figura vinculado
a un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea (por 365,500 euros), sin que este tuviera
conocimiento ni participación en el mismo (ver. fig. 3). Esta irregularidad, que
sugiere una grave anomalía para la justificación de fondos públicos, ha sido
denunciada ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El hecho
de que la OLAF mantenga una investigación abierta tras un mes y medio de la
denuncia subraya la seriedad de los hechos.
Conclusión: ¿Protección Institucional o Impunidad?
Este caso revela una estructura donde el error o la arbitrariedad docente se protegen mediante una cadena de documentos falsos y resoluciones de despacho. Bajo condiciones normales, este proceso de titulación debería haber culminado en julio de 2022. Hoy, el caso no es solo una disputa académica; es una instrucción penal activa que busca determinar hasta dónde puede llegar una universidad para proteger a quienes se niegan a cumplir con sus propias normativas, pero sobre todo, con su deber ético.
Dada la naturaleza de la instrucción penal actualmente en curso, y por respeto a los tiempos procesales, no es posible hacer públicos en este espacio los documentos, imágenes y grabaciones que sustentan cada una de estas afirmaciones. No obstante, si las arbitrariedades aquí expuestas persisten, se expondrá ante la opinión pública cada prueba material que evidencia la manipulación de este caso. La verdad técnica es irrefutable, y la integridad de mi carrera profesional no será el precio a pagar por la protección de negligencias institucionales, incluidas las del sistema de impartición de justicia.
Por cierto, ¿qué es más complicado de lograr?
1. Desarrollar un método computacional que explica uno de los fenómenos más complejos en aerodinámica de baja velocidad, publicar como único autor en revistas del primer cuartil sin pagar un solo euro, redactar y presentar la patente, y recibir invitaciones para publicar dos capítulos de libro sin tener aún el título de doctorado, o
2. Ganarle un juicio penal a una universidad desde el otro lado del atlántico, con defensoría de oficio, y con la desventaja de ser extranjero.
Yo pienso que lograr lo primero es más difícil, por eso sigo aquí. Nos vemos pronto por Barcelona. 🤫
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Este artículo constituye un ejercicio de la libertad de información y denuncia ciudadana. Toda la información vertida se basa en hechos documentados en el marco de la denuncia penal 2267/2025-E interpuesta ante el Juzgado de Instrucción n°7 de Barcelona, y en el ejercicio de las funciones públicas de los implicados. Se respeta el principio de presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme.
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