Sobre la irracionalidad de algunos “expertos” (Parte 4: la entrevista)
ENTREVISTA: "El laberinto de la Universidad Politécnica de Cataluña: ¿rigurosidad
científica o fraude institucional?"
Periodista: Carlos, eres un ingeniero
aeronáutico que ha decidido sentar a la cúpula de una universidad pública en el
banquillo de un juzgado de lo penal. ¿No resulta desproporcionado llevar por la
vía criminal lo que, a ojos de cualquier observador, parece ser una simple
discrepancia administrativa sobre una tesis?
Carlos Pimentel: Ya no estamos ante un debate de ideas y
abstracciones, sino ante una vulneración del código penal. La vía criminal se
activa cuando la administración, en lugar de evaluar, fabrica documentos. Mi
investigación ha sido validada por la comunidad científica internacional con cuatro
artículos, dos de los cuales han sido publicados en revistas del primer cuartil,
así como una solicitud de patente. El bloqueo no es académico; es un entramado
de falsedades para encubrir irregularidades internas.
P: En tu relato aparece un
documento clave que tachas de apócrifo. Es una palabra muy fuerte en una
institución que vive del rigor. ¿Cómo puedes demostrar que ese informe de la
coordinadora no es más que una fabricación para obstaculizar tu tesis?
JCP: La prueba más contundente la ha aportado el
propio Ministerio Fiscal en sus escritos recientes, donde admite literalmente
que el informe es "efectivamente apócrifo". La coordinación del
programa suplantó las funciones de la Escuela de Doctorado, emitiendo un juicio
administrativo en nombre de un órgano que nunca llegó a revisar el expediente.
En derecho, eso es usurpación de funciones y falsedad documental.
P: Si el Fiscal admite que el
documento es falso, ¿por qué el caso no ha avanzado hacia un juicio inmediato?
JCP: Aquí entramos en una contradicción jurídica
alarmante. El Fiscal reconoce la falsedad, pero sugiere que "no hubo
intención de causar daño". Como ciudadano, me pregunto: ¿Cómo no va a
haber intención de daño si ese documento falso es la única base legal que la
universidad usa para negarme el título de doctor y bloquear mi carrera
profesional durante casi cuatro años? El dolo es implícito en la alteración de
la verdad oficial. Esto ya ha sido denunciado ante la Fiscalía General del
Estado.
P: Mencionas que el expediente
enviado por la universidad al Juzgado estaba "sin foliar". ¿Es un
simple error de oficina o hay algo más?
JCP: Enviar un expediente de decenas de páginas sin
numeración es una táctica de obstrucción a la justicia. Impide la trazabilidad
de los documentos y facilita que pruebas clave se pierdan en el desorden. Es
una falta de respeto a la fe pública judicial que solo beneficia a quien quiere
ocultar la verdad.
P: Hablemos de la OLAF en Bruselas.
¿Por qué llevar esto a la oficina antifraude de la Unión Europea? ¿Qué tienen
que ver los fondos europeos con la tesis doctoral?
JCP: Pinta mucho cuando se detecta el presunto uso
de perfiles profesionales en proyectos financiados con fondos europeos sin el
consentimiento de los investigadores. He denunciado que mi nombre y mi perfil
se han utilizado para justificar una subvención en al menos un proyecto que
desconozco y en el cual no tuve ninguna participación. Esto ya no es un pleito
de oficina; es un posible fraude a los intereses financieros de la Unión
Europea, lo cual pondría de manifiesto el uso sistémico de falsificación de documentos
al interior de la universidad.
P: Existe un vínculo político que
denuncias: la relación entre la coordinadora del programa y el anterior Rector
durante su campaña de reelección. ¿Crees que tu expediente fue sacrificado por
intereses electorales?
JCP: Los hechos son contundentes. Tanto la coordinadora
como el director de la Escuela de Doctorado en ese momento formaban parte del
equipo de campaña del Rector. Aprobar un informe falso para "cerrar"
mi caso evitaba un escándalo académico en vísperas de buscar la reelección. El
conflicto de interés es flagrante.
P: El nuevo Rector ordenó retirar
la demanda contra ti. Parecía un inicio de solución. ¿Por qué sigue el bloqueo?
JCP: Porque la estructura intermedia no ha
cambiado. El nuevo Vicerrector de Investigación, a quien le fue delegada la
revisión del caso, debería haber revisado la situación con imparcialidad, y no
lo hizo probablemente porque proviene del mismo instituto de investigación que
los directores que se negaron a revisar mi investigación. Por lo tanto, la
actual administración sigue basando sus decisiones en el informe apócrifo que
la propia Fiscalía ya ha desacreditado. Es el "gatopardismo"
institucional: cambiar algo para que todo siga igual. De hecho, quien emitió el
informe apócrifo continúa en el cargo en la presente administración.
P: Un Juzgado de Instrucción ha
dicho inicialmente que esto es un "asunto administrativo" y no penal.
¿No estás forzando la maquinaria judicial para dar relevancia a este caso?
JCP: Un documento falso en un expediente público no
es un "trámite administrativo"; es un delito de falsedad documental,
encuadrado en la mayoría de los códigos penales de los territorios, países o
reinos con Estado de Derecho. El propio Fiscal ha admitido en sus escritos que
el informe es "efectivamente apócrifo". Si la justicia reconoce que
el documento es falso, pero se niega a judicializarlo bajo el pretexto de que
"no hubo intención de dañar", se está enviando un mensaje de
impunidad peligroso para cualquier institución pública.
P: Has solicitado el cese de tus
defensores de oficio. ¿Por qué prescindir de quienes deben protegerte?
JCP: Porque la indefensión ha venido desde dentro.
Mi procurador no hizo de mi conocimiento una notificación judicial crítica, lo
que provocó que perdiéramos el plazo legal para recurrir el dictamen del Fiscal
sobre la "falta de intención de daño". Por supuesto, tampoco la
abogada hizo lo propio para interponer el recurso al que se tenía derecho. Cuando
tu propia defensa silencia los plazos, dejas de tener un defensor para tener un
obstáculo.
P: ¿Crees que el colegio de
abogados que te asignó la defensa y la universidad tienen un interés común en
que esto no trascienda?
JCP: Absolutamente. El colegio de abogados parece
proteger el corporativismo de sus colegiados por encima del derecho de defensa
del ciudadano, y la universidad busca evitar sanciones de la UE y un daño
reputacional irreparable. Ambos parecen preferir que el caso muera por
agotamiento del denunciante.
P: Por eso pides una defensa desde
Madrid.
JCP: Exactamente. Para romper el círculo de
intereses y de "amiguismos" locales, necesito una defensa técnica que
no tenga miedo a enfrentarse a la estructura de poder de la universidad. La
justicia debe ser ciega, pero en este caso parece tener demasiados compromisos
locales.
P: El juez de instrucción dice que
esto es un tema "administrativo". ¿Qué le dirías al magistrado en la
segunda instancia?
JCP: Le diría que la falsedad documental cometida
por funcionarios públicos nunca puede ser un tema administrativo. Si permitimos
que las universidades emitan documentos falsos con impunidad, estamos
demoliendo la confianza en el sistema público. La vía administrativa es para
discutir una nota; la vía penal es para castigar la mentira oficial.
P: Dos años de lucha, sin título y
con un proceso judicial abierto desde el otro lado del Atlántico. ¿Has pensado
en rendirte?
JCP: Rendirse es aceptar que el fraude es más
fuerte que el mérito científico. Soy ingeniero; mi trabajo se basa en leyes
físicas que no se pueden falsificar. Si permito que mi carrera se hunda por un
documento apócrifo, estaría traicionando la ética de mi profesión y el esfuerzo
de años de investigación.
P: ¿Cuál es el siguiente paso
legal?
JCP: He recurrido ante el Defensor del Pueblo por
segunda ocasión, y a la Fiscalía General del Estado. No me detendré hasta que
se judicialice la causa. El reconocimiento de que el informe es falso es solo
el principio; ahora falta que haya consecuencias legales para quienes lo emitieron
y lo intentaron usar para cerrar el caso en la vía administrativa.
P: Si el sistema judicial español
finalmente te da la espalda, ¿qué queda?
JCP: Me queda la justicia europea y la opinión
pública internacional. La ciencia es global y los estándares éticos de una
universidad europea no pueden estar por debajo de los de un tribunal
internacional. La verdad científica siempre sale a flote y, en este punto,
parece que eso ya no está a discusión; la verdad jurídica es la que estoy impulsando
ahora.
P: Si mañana la universidad te
ofrece el título de doctor a cambio de retirar todas las denuncias, ¿aceptarías?
JCP: Definitivamente, no. Esa posibilidad ya está
agotada desde que la nueva administración decidió ir por el mismo camino que la
anterior. El título es una consecuencia del trabajo y esfuerzo realizado, no un
objeto de negociación. La justicia no se negocia. Mi compromiso es con la
transparencia y el rigor científico; aceptar un trato bajo la mesa sería
validar el mismo sistema de arbitrariedad que estoy combatiendo. A decir
verdad, la obtención de títulos académicos nunca ha sido una motivación para
mí. Lo que buscaría en una futura demanda civil es el resarcimiento por daños y
perjuicios.
P: Has sido muy frontal en tus
denuncias del caso mediante medios electrónicos, incluso desde tu perfil
profesional. ¿No consideras que eso podría resultar contraproducente para tu
carrera?
JCP: Es un riesgo que asumí desde el principio.
Cuando estás en desventaja tienes que hacer uso de todos los medios a tu
disposición, y las redes sociales han sido un gran aliado. Además, también lo
veo como una forma de protección o blindaje. Yo no estoy interesado en
colaborar profesionalmente, ya sea en la industria o en la academia, para quien
tenga entre sus prácticas los abusos que estoy denunciando. Por otro lado, he
encontrado el suficiente apoyo moral a mi causa, incluso desde dentro de la
universidad, aunque por obvias razones, no lo puedan externalizar.
P: Una última pregunta: ¿Qué le
dirías a otros estudiantes o investigadores que se encuentren en una situación
similar?
JCP: Por lo pronto, les diría que documenten cada
paso, que no acepten "informes" verbales y que no tengan miedo a
cuestionar la autoridad si esta se aparta de la ley. La universidad es de la
sociedad, no de quienes ocupan los despachos en un determinado momento.
NOTA DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
(DISCLAIMER)
Aviso Legal: El contenido de la presente entrevista se basa estrictamente en la posición jurídica, los hechos y las pruebas documentales aportadas por D. Jesús Carlos Pimentel García en el marco de las Diligencias Previas 2267/2025-E ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona.
Presunción de Inocencia: Todas las menciones a presuntos delitos de falsedad documental, usurpación de funciones, encubrimiento y prevaricación deben entenderse bajo el respeto escrupuloso al principio de presunción de inocencia de las personas denunciadas, hasta que recaiga sentencia firme.
Base Documental: Las afirmaciones relativas al carácter "apócrifo" de ciertos informes administrativos se fundamentan en el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal y en el Decreto de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, que obran en poder del denunciante.
Propósito: Esta publicación tiene un propósito puramente informativo y de ejercicio del derecho a la libertad de expresión y crítica hacia el funcionamiento de las instituciones públicas. No constituye una sentencia judicial ni un ataque personal desprovisto de base fáctica.
Reserva de Acciones: El autor se reserva el derecho de actualizar esta información conforme avancen las resoluciones de los tribunales competentes y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
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